Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre prisión preventiva oficiosa

El análisis expone las implicaciones de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal mexicano. Lejos de reducir la impunidad, perpetúa desigualdades, especialmente entre mujeres, y no aborda las causas fundamentales de la criminalidad. Además, la inclusión de delitos como el narcomenudeo exacerbaría el encarcelamiento de jóvenes de escasos recursos. La propuesta de reforma no solo no mejoraría el acceso a la justicia, sino que podría agravar las desigualdades existentes en el sistema penal.

Shadow Report from Mexico for the CERD Committee

The Mexico Shadow Report for the CERD Committee highlights various forms of violence and discrimination faced by Indigenous and Afro-descendant populations, particularly in the context of militarization, the prison system, and access to education and employment. It underscores the adverse impact of the militarization of the National Guard on migrants, especially women, who experience increased vulnerability and abuse. The report also criticizes the Maya Train project for its militarized construction and management, which has led to the exploitation of Indigenous workers. Additionally, it addresses systemic issues within the prison system, noting the disproportionate representation of these populations in pretrial detention and the lack of adequate legal protections. The report calls for improved data collection and analysis to better understand and address the intersecting challenges faced by these communities and urges the government to exclude the armed forces from civilian tasks and enhance accountability measures.

Informe sombra para la CIDH sobre la situación de derechos humanos en México

En el contexto de la situación de los derechos humanos en México, se ha observado un preocupante aumento en la población privada de libertad sin sentencia, especialmente entre las mujeres, que han experimentado un incremento del 40.3% en este período. La reforma de 2019 al artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de delitos que justifican la prisión preventiva oficiosa, ha tenido un impacto negativo en la justicia, ya que ha llevado a un aumento significativo en el número de personas detenidas sin juicio. Además, la falta de condiciones adecuadas en los centros penitenciarios, junto con la discriminación y el acceso limitado a bienes básicos, subraya la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellos grupos. en situación de vulnerabilidad.

Discriminación y violencia laboral contra personas LGBT+ en México

El análisis de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) y otros estudios revelan una alarmante prevalencia de violencia y discriminación en el ámbito laboral hacia la población LGBT+, con un impacto desproporcionado en mujeres lesbianas y personas trans. Las mujeres trans, en particular, enfrentan un acoso significativo, mientras que los hombres trans reportan más agresiones físicas. Además, las personas con orientaciones sexuales diversas, como las bisexuales y aquellas que se identifican como no binarias, experimentan burlas y exclusión en mayor medida. La discriminación se ve exacerbada por factores como el color de piel y la identidad indígena, lo que sugiere que las experiencias de violencia y acoso son multifacéticas y afectan de manera desigual a diferentes grupos dentro de la comunidad LGBT+. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar políticas efectivas que promuevan un ambiente laboral seguro e inclusivo.

La prisión preventiva oficiosa

Los datos indican que la aplicación de la prisión
preventiva oficiosa trae consigo costos sociales, económicos y de salud para las familias de las personas
privadas de su libertad. Más allá de la discusión jurídica hay personas que viven y padecen los efectos
de las arbitrariedades de esta política punitiva y estas
son sobre todo mujeres. Ante esta situación, existen dos alternativas. La primera es seguir validando
un mecanismo de encarcelamiento automático que
afecta la vida de las personas en situación de vulnerabilidad al privar de la libertad primero e investigar
después. La otra posibilidad es poner los derechos
humanos al centro y hacer válidos los principios que
rigen al proceso penal y al sistema de protección de
los mismos.

El fraude del carácter civil de la Guardia Nacional

El artículo examina la acción de inconstitucionalidad 137/2022 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó sobre el decreto legislativo de septiembre de 2022, que transferiría el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se argumenta que, desde su creación, la Guardia Nacional ha sido mayormente integrada por elementos de las fuerzas armadas, quienes mantienen su fuero y remuneración de sus instituciones originales, mientras que el reclutamiento de policías civiles ha sido mínimo. Además, se destaca la intención de los líderes militares y del presidente de militarizar esta fuerza de seguridad, lo que ha llevado a una disminución de su capacidad civil en favor de un aumento de personal y presupuesto para las instituciones castrenses, lo cual se opone al mandato constitucional de establecer una Guardia Nacional civil.

La hostilidad del espacio público desde la perspectiva de las mujeres

A pesar de la creciente preocupación por la seguridad de las mujeres, el Estado ha fallado en implementar políticas públicas efectivas para prevenir la violencia y proteger a las víctimas. En contraste, se ha priorizado el aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, mientras que los recursos destinados a instituciones que luchan contra la violencia de género son insuficientes.
Las estadísticas revelan un alto porcentaje de mujeres que ha experimentado violencia en su comunidad y esta problemática se agrava en contextos urbanos. La percepción de inseguridad es notable mayor entre las mujeres, lo que refleja un entorno hostil que limita su libertad y bienestar. Es fundamental la implementación políticas basadas en evidencia de que no solo aborden la violencia, sino que también promuevan un espacio público seguro e inclusivo para todos. La restauración de la confianza en el espacio público es esencial para que las mujeres puedan vivir sin miedo y con la libertad que merecen.

Amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019

En este amicus se aborda la problemática de las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas en México, destacando la falta de transparencia y rendición de cuentas en sus acciones. A través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, se evidencia que las Fuerzas Armadas suelen llevar a cabo detenciones de manera arbitraria y violenta, con un alto uso de tortura y sin seguir los procedimientos legales adecuados, como la obtención de órdenes de detención. A pesar de las obligaciones establecidas por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las instituciones militares han mostrado resistencia a proporcionar información sobre sus operaciones, lo que dificulta la fiscalización de sus acciones. Este contexto plantea serias preocupaciones sobre la legitimidad de su participación en tareas de seguridad pública y la necesidad de establecer controles civiles más estrictos para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Prisión preventiva oficiosa: datos para la discusión

La prisión preventiva oficiosa en México exacerba las desigualdades en los trabajos de cuidado, afectando especialmente a mujeres de contextos vulnerables y contribuyendo a su precarización económica. Este mecanismo no solo perpetúa la discriminación indirecta, sino que también tiene costos sociales, económicos y de salud para las familias de las personas encarceladas. A medida que se discuten las implicaciones de la prisión preventiva, es crucial poner en el centro los derechos humanos y considerar el impacto real en las vidas de las personas, especialmente en aquellas que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La violencia armada también es un problema de género, ¿por qué no estamos hablando más de ella?

Como morra chihuahuense que vivió parte de su adolescencia y entrada a la adultez en el sexenio de Calderón, la violencia armada no me es ajena. Los mensajes de precaución para no pasar por ciertas zonas de la ciudad donde se escuchaban detonaciones de armas eran muy comunes y tampoco era raro escuchar balaceras a cuadras de mi casa cada tercer día o ver camionetas de la SEMEFO en una plaza comercial.

Todo eso ya formaba parte de nuestra cotidianidad hace unos once o doce años. Durante ese tiem

La vieja confiable: el uso sistemático de la tortura

“El más largo corredor en esta represión es la tortura”.

Micaela Cabañas Ayala —hija única del maestro rural y fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos— relata en las propias instalaciones del Campo Militar Número 1 cómo en 1974 fue levantada junto con su madre, su abuela, tíos y primos por elementos militares para ser llevados al mismo lugar donde ella pronuncia este discurso, 48 años más tarde. Micaela indica que llegó a ese lugar con apenas dos meses de nacida. En este ca

Resistiendo en los márgenes: mujeres trans en contacto con el sistema penal mexicano

De los poquísimos datos estadísticos que existen en México sobre personas trans,1 la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 arroja algunos indicios importantes respecto a las experiencias de vida de las mujeres trans. Desde su familia de origen, un tercio de ellas indican que al momento de hablar por primera vez sobre su identidad de género, la respuesta de su familia fue de rechazo total. Adicionalmente, 25.9% reportó haber vivido ag

Opinión | Más asesinatos de mujeres por armas de fuego, otra consecuencia de la militarización en México

Uno de los ejemplos más esclarecedores de este proceso de violencia se vivió entre los años 2008 y 2013, cuando se encontraron las osamentas de 24 mujeres que habían sido secuestradas en una zona llamada “Arroyo El Navajo” a las afueras de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Los hallazgos sucedieron en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, un plan de seguridad pública donde se desplegaron más de 2,000 elementos de las Fuerzas Armadas y más de 400 agentes de seguridad federales. En est

Va calado, va garantizado: más militares, más opacidad, más violencia contra las mujeres

Este panorama no es muy esperanzador. Sabemos que en una democracia la rendición de cuentas es un requisito básico. En este sentido y con la evidencia disponible hasta el momento —la cual no es menor— las Fuerzas Armadas son de las autoridades más opacas a nivel nacional. Es difícil saber, con detalles, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y cómo miden si sus objetivos se cumplen o no, incluso para temas que no pueden argumentarse de seguridad nacional, como las capacitaciones que reciben

Un paso a la luz: la realidad de los anexos en México

Alan “Charmín” Jafer era un chico de 21 años que disfrutaba de componer rimas y practicar box. Su sueño era llegar a ser autosuficiente y poder eventualmente dedicarse de tiempo completo a la composición y a la música. Conversando con Claudia —su madre— ella menciona que en los últimos dos años Alan se volvió un usuario problemático de alcohol y diversos tipos de sustancias. Ante esta situación, Alan decidió ingresar de manera voluntaria al Centro de Rehabilitación “La Piedad”, ubicado en la cap

Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna

Beatriz Maldonado Cruz es una mujer exprivada de la libertad y activista a favor de los derechos de las mujeres dentro y fuera de prisión en Mujeres Unidas x la Libertad. En su experiencia, así como en las de las mujeres en situación de reclusión con las que actualmente trabaja, en estos espacios hay todo tipo de carencias en cuanto a artículos de primera necesidad, incluidos los productos de gestión menstrual.

Ante la escasez de estos artículos, indica que es usual que las mujeres recurran a u

(Des)control de armas: la inminente necesidad de incluir a la violencia armada en la agenda feminista

A partir de la implementación de las —ya conocidas— políticas de seguridad militarizada promovidas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los patrones de la violencia letal en México cambiaron drásticamente. Mientras que de 2000 a 2006, tres de cada diez homicidios de mujeres se llevaban a cabo a mano armada, para los dos últimos años de registro esta manera de comisión de asesinatos pasó a ser la norma: ya hoy seis de cada diez asesinatos de mujeres se perpetran con un arma de fuego.